Aviso legal e-commerce

Aviso legal son los textos que deben constar en todas las páginas web de comercio electrónico y en las que se informa de las condiciones de uso al usuario. Hay que advertir que el uso y navegación de la página implican su aceptación, por lo que es aconsejable que estén en un lugar bien visible o accesible.

En este texto, es obligatorio informar según prescribe la Ley de la Sociedad e la Información, de la identidad jurídica del propietario de la página –futuro vendedor del producto objeto contenido en la página-, muy especialmente si es una sociedad mercantil.

Procede también incluir una exención de responsabilidad en relación a la información contenida en otros enlaces o directorios a los que se acceda a través de la página, y una petición de información en caso de que el usuario detecte actividad o información remitida por otras empresas o personas a través de la web visitada, ilícita o que lesione bienes o derechos, para así iniciar el proceso de supresión o inutilización forma inmediata del enlace correspondiente.

Los avisos legales deben contener también una referencia a los principios de orden público, seguridad, salud pública y la defensa nacional; protección de los consumidores, respeto a la dignidad de la persona y no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social; protección a la juventud y a la infancia.  Se debe propugnar la defensa de estos principios.

Asimismo, hay que informar sobre spam, o envío de correo no solicitado de forma masiva, en el sentido de advertir su prohibición legal. Es aconsejable que se indique que se sigue una política de realización de marketing on-line, si es el caso, por lo que se debe solicitar el consentimiento del usuario respecto a las Comunicaciones Comerciales por vía electrónica que se vayan a realizar, otorgando el derecho de revocación de el consentimiento prestado en cualquier momento, mediante remisión de un escrito a la dirección de correo principal de la pagina.

Debe referirse, en lo relativo a fotografías, imágenes, dibujos, textos, audio, video, software, logotipos y diseño, a la protección ofrecida por la normativa de Propiedad Intelectual e Industrial, en particular por el RDL 1/96 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y por la Ley de Marcas 17/2001. Especialmente si existe autoría específica del contenido de la página a proteger.

La política de protección de datos de la página, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD es aconsejable que si bien esté referida en el texto del aviso legal, este desarrollada en documento independiente. De ello ya hablaremos en otra ocasión.

Y por último, es aconsejable la referencia al marco normativo aplicable a las relaciones que se establezcan entre el usuario y el titular de la página, para que aquel identifique la legislación nacional a la que se someterá, así como la jurisdicción q ue en caso de conflicto, resolverá posibles futuros litigios

Responsabilidad civil de Intermediario de venta online

Responsabilidad Civil.

Una especial y concreta cuestión en el sistema de responsabilidad civil general, es la que se plantea como derivada del uso de Internet y otras redes similares. Y dentro de ésta, la que se plantea acerca de los intermediarios de Internet en relación con los ilícitos que puedan cometer los otros usuarios o, ellos mismos.

 

No cabe duda de que el autor de los contenidos de la página web y de los datos por él transmitidos es responsable civil de los daños causados. Sin embargo, el problema que cabe esclarecer es determinar si el intermediario que le facilita un espacio, o que posibilita la comunicación y transmisión de datos con un sinfín de usuarios es también responsable frente a terceros, ya que o bien ha mantenido cierta relación contractual con el autor de la página web al cederle un espacio propio, o bien facilita o hace posible la comisión de los ilícitos.

 

Todos estos años de evolución del medio han permitido que a fecha de hoy se pueda señalar como las principales problemáticas existentes que afectan a los intermediarios de venta online las relativas a infracciones de derechos de autoría, las patrimoniales respecto de creaciones intelectuales protegidas, y sobretodo las relacionadas con infracciones al Derecho de consumo (aplicándose tanto leyes especiales sobre la materia, como los arts. 25 y ss. de la Ley General para la Defensa de Consumidores y usuarios).

 

Los intermediarios de venta online no se escapan tampoco de las problemáticas derivadas de la normativa general de obligaciones y contratos, pero quedan muy alejados de las derivadas por actos difamatorios amparados por la Ley Orgánica de Protección al Honor, Intimidad y Propia Imagen, y de las infracciones contrarias a la protección de la infancia y la juventud, con aplicación de la Ley Orgánica de Protección del Menor.

 

En lo relativo al contenido de la información, desde Europa y para regular la responsabilidad de los intermediarios se establece un sistema según el cual los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que almacenen o transmitan, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que revelen actividades ilícitas -por lo gravoso que tal obligación supondría-, sino que se establece un régimen basado en un sistema de exenciones de responsabilidad, que la legislación española ha seguido, acotando una responsabilidad civil del prestador intermediario sobre el real control que ejerce sobre los datos de las personas que utilizan sus servicios, y sobre la obligación de anular e impedir el alojamiento y transmisión de información de los destinatarios cuando un tercero, particular o funcionario público, les pone en conocimiento de la comisión de actos ilícitas del destinatario de servicios mediante una “acción de cesación”.

 

La doctrina civilista más prestigiosa ha señalado en este sentido que el legislador, más que establecer un régimen de responsabilidad de los intermediarios, “… lo que ha querido es garantizarles un territorio de irresponsabilidad”, o de meras exenciones de responsabilidad. Y es que el objetivo ha sido evitar el entorpecimiento en la prestación de estos servicios y la protección de los destinatarios que pueden ver lesionados sus derechos sin establecer un sistema que significaría un “auténtico mecanismo de censura previa, al tiempo que puedan suponer el encarecimiento de estos servicios”. Es importante lo que ha señalado CAVANILLAS, en el sentido de que estas exenciones o régimen de irresponsabilidad tienen carácter horizontal, es decir, que se imponen sobre cualquier otra ley de la que pudiera derivarse una responsabilidad de los intermediarios.

 

Y en lo relativo a las responsabilidades contractuales, tan sólo señalar de momento y como ya hemos indicado en alguna otra ocasión, que no resultaría de aplicación la Ley 34/2002 sobre servicios de la información y comercio electrónico, sino que le sería de aplicación la tradicional normativa de obligaciones y contratos contenida en el Código Civil, el Código de Comercio y, leyes especiales.