Adquisición mediante pago electrónico

En la actualidad no existe en España una legislación específica que regule estricta y exclusivamente el pago electrónico, y por ello su régimen jurídico viene configurado en el ordenamiento jurídico por varias normas, y en especial por la Ley 7/1996, de 15 enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

El consumidor, persona al que el ordenamiento jurídico siempre dota de una mayor protección por entender que es la parte “débil” de la relación jurídica y, por tanto, la más necesitada de protección, debe tener en cuenta siempre que adquiere un bien o un servicio mediante pago electrónico, las siguientes cuestiones fundamentales:

1.- La oferta pública de venta o la exposición de artículos en internet representa para el titular de los productos ofertados o expuestos, la obligación de proceder a su venta si alguien los demanda y cumple con las condiciones de adquisición publicitadas. El vendedor siempre deberá atender el orden temporal de las solicitudes para priorizar las mismas. Obviamente, quedan exceptuados de esta obligación de venta los objetos sobre los que se advierta, expresamente, que no se encuentran a la venta.

2.- Existen diferentes sistemas de pago que facilitan la aceptación de pagos electrónicos para las transacciones en línea a través de internet. Los sistemas de pagos electrónicos, realizan la transferencia del dinero entre compradores y vendedores en una acción de compra-venta electrónica a través de una entidad financiera autorizada por ambos.

Como ejemplos de sistemas de pago electrónico nos encontramos los TPV para el pago con tarjetas, los sistemas de monedero electrónico, y los sistemas que se conectan directamente con la banca electrónica del usuario, resultando pero que, en síntesis, los sistemas de pago empleados en Internet pueden englobarse en varias categorías como son los de tipo cajeros electrónicos, los de tipo dinero electrónico, los de tipo dinero on-line (como los conocidos SafetyPay o PayPal) dinero off-line, los cheques electrónicos, y los sistemas de tarjetas de crédito. Cada uno de estos diferentes tipos tiene sus propias peculiaridades jurídicas, y éstas escapan al objeto de este post, por lo que ya las comentaremos más adelante y de modo individualizado.

Es importante destacar pero, que el ordenamiento jurídico no equipara el régimen jurídico de estos servicios de pago al de los servicios prestados por proveedores de servicios técnicos como soporte a la prestación de servicios de pago sin que dichos proveedores lleguen a estar en ningún momento en posesión de los fondos que deban transferirse, incluidos el tratamiento y almacenamiento de datos, servicios de confianza o de protección de la intimidad, autenticación de datos y entidades, la tecnología de la información y el suministro de redes de comunicación, suministro y mantenimiento de terminales o dispositivos. En estos casos el régimen jurídico es distinto.

3.- Los diferentes sistemas de pago que se utilicen para adquirir el producto en cuestión, no podrán imponer a los usuarios del servicio ninguna norma que restrinja la posibilidad de participación efectiva en otros sistemas de pago, normas que discriminen entre los diferentes proveedores de servicios de pago autorizados, ni cualquier restricción basada en los estatutos institucionales del proveedor del sistema. Además, el proveedor del servicio de pago, siempre facilitará al usuario del servicio, de un modo fácilmente accesible para él, toda la información y condiciones relativas a la prestación de los servicios de pago que va a utilizar.

4.- Cualquier operación de pago se considerará autorizada cuando el ordenante haya dado el consentimiento para su ejecución. A falta de tal consentimiento la operación de pago se considerará no autorizada. El consentimiento podrá otorgarse con anterioridad a la ejecución de la operación o, si así se hubiese convenido, con posterioridad a la misma, conforme al procedimiento y límites acordados entre el ordenante y el proveedor de servicios de pago.

Y debe tener claro que cuando niegue haber autorizado una operación de pago ya ejecutada o alegue que ésta se ejecutó de manera incorrecta, se produce una suerte de inversión e carga de la prueba que traslada la responsabilidad al proveedor del servicio de pago demostrar que la operación de pago fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que no se vio afectada por un fallo técnico o cualquier otra deficiencia.

5.- El consumidor debe saber también que no podrá revocar una orden de pago después de ser recibida por el proveedor de servicios de pago, ello sin perjuicio de las facultades que tiene de resolver la compraventa que trae causa al pago que ha realizado, y sin perjuicio de los derechos de devolución de los que goza, y que recordemos son de siete días, salvo pacto expreso de mayor plazo. Y una vez recibido el producto, si se procede a la devolución del mismo, no tendrá obligación de indemnizar al vendedor debido a su devolución.