Conflictos judiciales internacionales

Conflictos judiciales internacionales

¿EN QUÉ TRIBUNALES SE DISCUTEN LAS DIFERENCIAS SURGIDAS DE UNA COMPRAVENTA INTERNACIONAL ON-LINE?

Una cuestión o pregunta muy frecuente entre los que se dedican al e-commerce es dónde se resuelven los conflictos judiciales derivados de una transacción mercantil que ha degenerado en un conflicto irresoluble de mutuo acuerdo entre las partes. Y lo primero que hay que analizar para poder responder a esta pregunta y si el comprador o adquirente del producto ha sido una sociedad mercantil, o ha sido un particular.

Si el comprador ha resultado ser un consumidor, circunstancia muy frecuente, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Unión Europea 44/2001 de 22 de diciembre de 2000, en méritos al que todo consumidor domiciliado en un estado miembro de la UE, que contrate con un vendedor Español, en caso de controversias legales, podrá interponer acciones tanto en los Tribunales de su domicilio como en los Tribunales españoles. Así pues, la elección de la jurisdicción competente corresponde al comprador. Eso sí, se deberá tener muy presente por parte de éste los problemas que derivan de la necesidad de acreditar el derecho aplicable en el país que no ha sido elegido como fuero jurisdiccional, en el que sí lo ha sido. Pero este problema escapa al objeto del presente post.

Cuando quien pretenda interponer acciones legales sea el vendedor y no el consumidor, solo se podrán interponer acciones legales contra éste en los Tribunales correspondiente a su domicilio.

El régimen descrito up supra, también es de aplicación a transacciones efectuadas en Noruega, Islandia o Suiza en base a lo establecido en el artículo 16 del Convenio de Lugano de 15 de Octubre de 2007. Y para hacerlo todo aún más complicado, no hay que perder de vista si el consumidor es Danés, pues en estos casos resulta de aplicación lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo del 19 de Octubre de 2005, suscrito con este país.

Y en relación a posibles controversias legales surgidas entre esta parte y consumidores domiciliados fuera de la UE, Noruega, Islandia o Suiza se resolverán de acuerdo a lo establecido en los diversos Convenios Internacionales firmados entre España y el país del domicilio del consumidor en cuestión.

Pero si el comprador no es un consumidor, sino una sociedad mercantil, se pude establecer un fuero jurisdiccional pactado. Obviamente es aconsejable elegir los tribunales españoles. A falta de pacto de sumisión expresa entre las partes, será competente el domicilio del demandado (fuero general art. 2 Reglamento 44/2001) o del lugar donde deban entregarse los bienes (art. 5.1 Reglamento 44/2001), en caso de sociedades mercantiles de la UE.

También se aplica el mismo régimen tanto para las relaciones entabladas con sociedades Danesas, como para las establecidas con sociedades domiciliadas en Noruega, Suiza o Islandia. Lo que ocurre, y esto es un tecnicismo legal sin trascendencia práctica, que la norma que lo regula es otra a las antes referidas. En el caso de Dinamarca será de aplicación el Acuerdo de 19 de Octubre de 2005 suscrito con este país, y en el caso de los demás países reseñados, el Convenio de Lugano de 15 de octubre de 2007.

Con respecto a sociedades mercantiles domiciliadas en otros países, se estará caso por caso a lo previsto en los correspondientes Convenios Internacionales suscritos por los países en cuestión.

Condiciones generales de venta

Condiciones generales de venta son otro de los textos informativos de obligada información al usuario de una página de comercio electrónico. Se enmarca dentro de los deberes de información previa al negocio jurídico de compraventa que se realiza cuando un comprador, adquiere alguno de los productos que se venden en la página.

Desde este blog, aconsejamos también tener un contrato de compraventa que bien se remite por correo electrónico al comprador (una posibilidad es habilitar un link para descargarlo) o bien se le permite su acceso desde su cuenta de usuario.
La disponibilidad de productos y los precios de los mismos que aparecen en la página web, debe ser clara y no generar confusión, y el usuario debe conocer también la política de stock del vendedor. Con ello se evitan muchos problemas relativos a una posible falta de disponibilidad del producto adquirido en el momento de la compra.

También debe quedar claro si los gastos de envío están incluidos en el precio de adquisición, si se pagará a portes debidos, o quien es el responsable de pagar en su caso, de los posibles gastos de exportación y/o importación de los productos adquiridos, al país del comprador.

En cuanto al pago del producto adquirido, deben indicarse todas las formas que se facilitan al comprador, y como ya decíamos en anterior post, hacer entrega de la correspondiente factura al cliente de forma digital mediante el envío por email y en el momento de entrega del pedido.

No olvidar mencionar los derechos de cancelación de pedidos y devolución de productos, derechos también comentados con anterioridad en este blog. Debe por tanto, ponerse a disposición del comprador un teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico para el ejercicio de estos, -y todos los demás- derechosm de los consumidores.

Y en lo relativo a la seguridad y confidencialidad de la compraventa, remitirse a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pues en el momento en que un cliente realiza un pedido, sus datos personales, domiciliarios y los relativos a su forma de pago, son incorporados a la base de datos, y por tanto se les debe dar el mismo tratamiento que a los datos que el usuario haya facilitado por otras causas, como por ejemplo las de recibir publicidad comercial o promocional.

Aviso legal e-commerce

Aviso legal son los textos que deben constar en todas las páginas web de comercio electrónico y en las que se informa de las condiciones de uso al usuario. Hay que advertir que el uso y navegación de la página implican su aceptación, por lo que es aconsejable que estén en un lugar bien visible o accesible.

En este texto, es obligatorio informar según prescribe la Ley de la Sociedad e la Información, de la identidad jurídica del propietario de la página –futuro vendedor del producto objeto contenido en la página-, muy especialmente si es una sociedad mercantil.

Procede también incluir una exención de responsabilidad en relación a la información contenida en otros enlaces o directorios a los que se acceda a través de la página, y una petición de información en caso de que el usuario detecte actividad o información remitida por otras empresas o personas a través de la web visitada, ilícita o que lesione bienes o derechos, para así iniciar el proceso de supresión o inutilización forma inmediata del enlace correspondiente.

Los avisos legales deben contener también una referencia a los principios de orden público, seguridad, salud pública y la defensa nacional; protección de los consumidores, respeto a la dignidad de la persona y no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social; protección a la juventud y a la infancia.  Se debe propugnar la defensa de estos principios.

Asimismo, hay que informar sobre spam, o envío de correo no solicitado de forma masiva, en el sentido de advertir su prohibición legal. Es aconsejable que se indique que se sigue una política de realización de marketing on-line, si es el caso, por lo que se debe solicitar el consentimiento del usuario respecto a las Comunicaciones Comerciales por vía electrónica que se vayan a realizar, otorgando el derecho de revocación de el consentimiento prestado en cualquier momento, mediante remisión de un escrito a la dirección de correo principal de la pagina.

Debe referirse, en lo relativo a fotografías, imágenes, dibujos, textos, audio, video, software, logotipos y diseño, a la protección ofrecida por la normativa de Propiedad Intelectual e Industrial, en particular por el RDL 1/96 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y por la Ley de Marcas 17/2001. Especialmente si existe autoría específica del contenido de la página a proteger.

La política de protección de datos de la página, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD es aconsejable que si bien esté referida en el texto del aviso legal, este desarrollada en documento independiente. De ello ya hablaremos en otra ocasión.

Y por último, es aconsejable la referencia al marco normativo aplicable a las relaciones que se establezcan entre el usuario y el titular de la página, para que aquel identifique la legislación nacional a la que se someterá, así como la jurisdicción q ue en caso de conflicto, resolverá posibles futuros litigios

Facturación electronica

En la página del Ministerio de Economía y Hacienda se puede encontrar toda la información relativa al proceso de facturación electrónica, proceso que en síntesis tiene las siguientes características relevantes:

Para emitir e-Factura se necesita un formato electrónico de factura de mayor o menor complejidad, se debe transmitir telemáticamente, y este formato electrónico y transmisión telemática deben garantizar su integridad y autenticidad a través de una firma electrónica reconocida. La firma electrónica se basa en un certificado reconocido y seguro, que por un lado permite la comprobación de la identidad del firmante, y que de otro, garantiza una seguridad razonable para los datos o el documento que se firma. Y como ya venimos señalando reiteradamente, el consentimiento se constituye una vez más como piedra angular de la validez de la facturación electrónica.

La Orden Ministerial 962/2007, de 10 de abril, es la que desarrolla y regula determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas contenidas en el Real Decreto 1496/2003, que es el Reglamento de Facturación. Establece los contenidos obligatorios mínimos requeridos de la e-Factura, la obligación de entregar y conservar tanto las facturas expedidas como las recibidas, exige su contabilización y anotación en registros de Impuesto de Valor Añadido, y exige que pueda descargarse en línea e imprimirse. Pero la verdadera novedad con respecto al tradicional proceso de facturación en papel que contiene este Reglamento es que el proceso de facturación electrónica se puede subcontratar a un tercero, obviamente sin perder ni diferir responsabilidad, existiendo en la actualidad muchas empresas que ofrecen este servicio.

Responsabilidad civil de Intermediario de venta online

Responsabilidad Civil.

Una especial y concreta cuestión en el sistema de responsabilidad civil general, es la que se plantea como derivada del uso de Internet y otras redes similares. Y dentro de ésta, la que se plantea acerca de los intermediarios de Internet en relación con los ilícitos que puedan cometer los otros usuarios o, ellos mismos.

 

No cabe duda de que el autor de los contenidos de la página web y de los datos por él transmitidos es responsable civil de los daños causados. Sin embargo, el problema que cabe esclarecer es determinar si el intermediario que le facilita un espacio, o que posibilita la comunicación y transmisión de datos con un sinfín de usuarios es también responsable frente a terceros, ya que o bien ha mantenido cierta relación contractual con el autor de la página web al cederle un espacio propio, o bien facilita o hace posible la comisión de los ilícitos.

 

Todos estos años de evolución del medio han permitido que a fecha de hoy se pueda señalar como las principales problemáticas existentes que afectan a los intermediarios de venta online las relativas a infracciones de derechos de autoría, las patrimoniales respecto de creaciones intelectuales protegidas, y sobretodo las relacionadas con infracciones al Derecho de consumo (aplicándose tanto leyes especiales sobre la materia, como los arts. 25 y ss. de la Ley General para la Defensa de Consumidores y usuarios).

 

Los intermediarios de venta online no se escapan tampoco de las problemáticas derivadas de la normativa general de obligaciones y contratos, pero quedan muy alejados de las derivadas por actos difamatorios amparados por la Ley Orgánica de Protección al Honor, Intimidad y Propia Imagen, y de las infracciones contrarias a la protección de la infancia y la juventud, con aplicación de la Ley Orgánica de Protección del Menor.

 

En lo relativo al contenido de la información, desde Europa y para regular la responsabilidad de los intermediarios se establece un sistema según el cual los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que almacenen o transmitan, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que revelen actividades ilícitas -por lo gravoso que tal obligación supondría-, sino que se establece un régimen basado en un sistema de exenciones de responsabilidad, que la legislación española ha seguido, acotando una responsabilidad civil del prestador intermediario sobre el real control que ejerce sobre los datos de las personas que utilizan sus servicios, y sobre la obligación de anular e impedir el alojamiento y transmisión de información de los destinatarios cuando un tercero, particular o funcionario público, les pone en conocimiento de la comisión de actos ilícitas del destinatario de servicios mediante una “acción de cesación”.

 

La doctrina civilista más prestigiosa ha señalado en este sentido que el legislador, más que establecer un régimen de responsabilidad de los intermediarios, “… lo que ha querido es garantizarles un territorio de irresponsabilidad”, o de meras exenciones de responsabilidad. Y es que el objetivo ha sido evitar el entorpecimiento en la prestación de estos servicios y la protección de los destinatarios que pueden ver lesionados sus derechos sin establecer un sistema que significaría un “auténtico mecanismo de censura previa, al tiempo que puedan suponer el encarecimiento de estos servicios”. Es importante lo que ha señalado CAVANILLAS, en el sentido de que estas exenciones o régimen de irresponsabilidad tienen carácter horizontal, es decir, que se imponen sobre cualquier otra ley de la que pudiera derivarse una responsabilidad de los intermediarios.

 

Y en lo relativo a las responsabilidades contractuales, tan sólo señalar de momento y como ya hemos indicado en alguna otra ocasión, que no resultaría de aplicación la Ley 34/2002 sobre servicios de la información y comercio electrónico, sino que le sería de aplicación la tradicional normativa de obligaciones y contratos contenida en el Código Civil, el Código de Comercio y, leyes especiales.
 

Venta a distancia

 

Las compraventas online son consideradas en el sistema legal nacional como ventas especiales, y se rigen por una normativa específica. Son lo que se conoce como ventas a distancia, y su régimen legal se asimila a las ya tradicionales ventas fuera de establecimiento mercantil.

 

Al inicio de su regulación, el legislador quiso establecer un registro público en el que debían inscribirse todos aquellos que quisieran vender sus productos o servicios online, y quiso exigir una autorización especial otorgada por las autoridades de las Comunidades Autónomas. Obviamente, esta barbaridad, fue declarada inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 124/2003, de 19 de junio, que resolvió en Pleno de 19 Junio de 2003, los recursos de inconstitucionalidad 1254/96 y 1255/96 -acumulados- contra la Ley de Ordenación del Comercio minorista.

 

Como su nombre indica, se consideran ventas a distancia las celebradas sin la presencia física simultánea del comprador y del vendedor, y se permite cualquier técnica de comunicación dentro de un sistema de contratación organizado por el vendedor. Esto quiere decir que siempre se tiene que tener muy claro que un simple mail, puede llegar a ser una prestación de consentimiento vinculante a todos los efectos.

 

Las propuestas de contratación en la venta a distancia deben expresar inequívocamente que son ofertas comerciales, y en todo caso deberán cumplir las disposiciones vigentes sobre condiciones generales de contratación, protección de los menores y respeto a la intimidad. Y deben también, cuando en las propuestas se utilicen datos personales procedentes de fuentes accesibles al público, proporcionar al destinatario la información a la que obliga la Ley Organica de protección de Datos, de la que hablaremos en otro post.

 

Antes de iniciar el procedimiento de contratación a distancia, el vendedor debe suministrar al consumidor, de forma veraz, eficaz y suficiente, información relativa a su identidad, sus datos de contacto con expresión de su dirección física, las características esenciales del producto o servicio que ofrece adquirir, con indicación expresa del precio, incluidos todos los impuestos y los gastos de entrega y transporte, la forma de pago, las modalidades de entrega o de ejecución del servicio, la existencia de un derecho de desistimiento o resolución, el plazo de validez de la oferta y del precio del producto o servicio.

 

El consentimiento del comprador se exige que siempre debe de ser expreso, no cabiendo el consentimiento tácito bajo ningún concepto, estando terminante prohibido por la legislación vigente a fecha de redacción de este post, el envío de productos no solicitados (obviamente estamos hablando de productos respecto de los que quien envía, exige contraprestación económica). La sanción prevista para el comerciante que incumpla esta prohibición legal, es la pérdida del producto y la imposibilidad de exigir el pago del mismo.

 

El plazo de ejecución del pedido no podrá ser superior a los treinta días naturales, salvo que se hubiera pactado expresamente otro plazo superior entre comprador y vendedor, y si transcurrido este plazo no se realiza la entrega por inexistencia del objeto pedido, como por ejemplo en los casos en que al vendedor se le ha acabado el stock, el comprador deberá ser informado de esta falta de disponibilidad, deberá poder recuperar cuanto antes las sumas que haya abonado y en cualquier caso en otro plazo de tiempo no superior a otros treinta días. En el supuesto de que el vendedor no realice este abono en el plazo señalado, el comprador podrá reclamar que se le pague el doble de la suma adeudada.

 

En cuanto al derecho de desistimiento, el comprador siempre dispondrá de un plazo mínimo de siete días hábiles para desistir del contrato sin penalización alguna y sin necesidad de explicar, y mucho menos justificar, las causas del desistimiento. Este derecho de desistimiento no requiere ninguna formalidad específica, bastando un simple correo electrónico, y los únicos gastos que en su caso deberá soportar el comprador son los costes directo de devolución del producto al vendedor. Cualquier cláusula que se imponga al comprador de renuncia o penalización a su derecho de desistimiento, será nula de pleno derecho.

 

En síntesis, las características de las compraventas online como compraventas a distancia, son las aquí descritas. Más adelante tendremos ocasión de profundizar en cada una de ellas de modo individualizado.

 

Adquisición mediante pago electrónico

En la actualidad no existe en España una legislación específica que regule estricta y exclusivamente el pago electrónico, y por ello su régimen jurídico viene configurado en el ordenamiento jurídico por varias normas, y en especial por la Ley 7/1996, de 15 enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

El consumidor, persona al que el ordenamiento jurídico siempre dota de una mayor protección por entender que es la parte “débil” de la relación jurídica y, por tanto, la más necesitada de protección, debe tener en cuenta siempre que adquiere un bien o un servicio mediante pago electrónico, las siguientes cuestiones fundamentales:

1.- La oferta pública de venta o la exposición de artículos en internet representa para el titular de los productos ofertados o expuestos, la obligación de proceder a su venta si alguien los demanda y cumple con las condiciones de adquisición publicitadas. El vendedor siempre deberá atender el orden temporal de las solicitudes para priorizar las mismas. Obviamente, quedan exceptuados de esta obligación de venta los objetos sobre los que se advierta, expresamente, que no se encuentran a la venta.

2.- Existen diferentes sistemas de pago que facilitan la aceptación de pagos electrónicos para las transacciones en línea a través de internet. Los sistemas de pagos electrónicos, realizan la transferencia del dinero entre compradores y vendedores en una acción de compra-venta electrónica a través de una entidad financiera autorizada por ambos.

Como ejemplos de sistemas de pago electrónico nos encontramos los TPV para el pago con tarjetas, los sistemas de monedero electrónico, y los sistemas que se conectan directamente con la banca electrónica del usuario, resultando pero que, en síntesis, los sistemas de pago empleados en Internet pueden englobarse en varias categorías como son los de tipo cajeros electrónicos, los de tipo dinero electrónico, los de tipo dinero on-line (como los conocidos SafetyPay o PayPal) dinero off-line, los cheques electrónicos, y los sistemas de tarjetas de crédito. Cada uno de estos diferentes tipos tiene sus propias peculiaridades jurídicas, y éstas escapan al objeto de este post, por lo que ya las comentaremos más adelante y de modo individualizado.

Es importante destacar pero, que el ordenamiento jurídico no equipara el régimen jurídico de estos servicios de pago al de los servicios prestados por proveedores de servicios técnicos como soporte a la prestación de servicios de pago sin que dichos proveedores lleguen a estar en ningún momento en posesión de los fondos que deban transferirse, incluidos el tratamiento y almacenamiento de datos, servicios de confianza o de protección de la intimidad, autenticación de datos y entidades, la tecnología de la información y el suministro de redes de comunicación, suministro y mantenimiento de terminales o dispositivos. En estos casos el régimen jurídico es distinto.

3.- Los diferentes sistemas de pago que se utilicen para adquirir el producto en cuestión, no podrán imponer a los usuarios del servicio ninguna norma que restrinja la posibilidad de participación efectiva en otros sistemas de pago, normas que discriminen entre los diferentes proveedores de servicios de pago autorizados, ni cualquier restricción basada en los estatutos institucionales del proveedor del sistema. Además, el proveedor del servicio de pago, siempre facilitará al usuario del servicio, de un modo fácilmente accesible para él, toda la información y condiciones relativas a la prestación de los servicios de pago que va a utilizar.

4.- Cualquier operación de pago se considerará autorizada cuando el ordenante haya dado el consentimiento para su ejecución. A falta de tal consentimiento la operación de pago se considerará no autorizada. El consentimiento podrá otorgarse con anterioridad a la ejecución de la operación o, si así se hubiese convenido, con posterioridad a la misma, conforme al procedimiento y límites acordados entre el ordenante y el proveedor de servicios de pago.

Y debe tener claro que cuando niegue haber autorizado una operación de pago ya ejecutada o alegue que ésta se ejecutó de manera incorrecta, se produce una suerte de inversión e carga de la prueba que traslada la responsabilidad al proveedor del servicio de pago demostrar que la operación de pago fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que no se vio afectada por un fallo técnico o cualquier otra deficiencia.

5.- El consumidor debe saber también que no podrá revocar una orden de pago después de ser recibida por el proveedor de servicios de pago, ello sin perjuicio de las facultades que tiene de resolver la compraventa que trae causa al pago que ha realizado, y sin perjuicio de los derechos de devolución de los que goza, y que recordemos son de siete días, salvo pacto expreso de mayor plazo. Y una vez recibido el producto, si se procede a la devolución del mismo, no tendrá obligación de indemnizar al vendedor debido a su devolución.

Los contratos electrónicos

A nadie se le escapa ya, que en un futuro no muy lejano, las transacciones relativas a prestaciones de servicios y/o venta de bienes a través de Internet serán en número, igual o superiores a las transacciones mercantiles “tradicionales”. Pero lo que no todo el mundo sabe ni conoce, es el tratamiento legal que este tipo de transacción tiene. La adquisición de bienes y servicios por vía electrónica a través de la Red representa la introducción a las relaciones contractuales que todos estamos acostumbrados a hacer en nuestra cotidianidad, de nuevos elementos que sería como mínimo deseable (sino muy aconsejable) que el usuario o consumidor conociera muy bien.

Los contratos electrónicos están regulados a nivel europeo por la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior, y a nivel nacional están regulados por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, pero esta última norma remite al Código Civil y al Código Comercio en lo relativo a los requisitos necesarios para la validez y eficaz constitución de la relación jurídica, y a las normas de protección de los consumidores y usuarios, a las normas de ordenación de la actividad comercial, y a las normas de protección de datos, lo que pone de manifiesto que a la tradicional regulación de las obligaciones y contratos y de las relaciones comerciales, y a la más reciente regulación de protección de los derechos de los consumidores, se les han añadido la regulación específica relativa al medio en el cual se realiza la transacción.

Para la determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos se estará a lo dispuesto en las normas de Derecho internacional privado del ordenamiento jurídico español, y deberán respetarse unas obligaciones previas al inicio del proceso de contratación electrónica, y otras posteriores a la perfección de la transacción. Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual, y los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios. Y no hay que perder de vista en ningún momento, que el medio en el que se realiza la transacción determina también la intervención de un tercero, los conocidos como prestadores de servicios en su diferentes modalidades. Estos terceros intervinientes, obviamente tienen su parcela de responsabilidad en la perfección de la transacción por vía electrónica.

El consentimiento de los contratantes sigue siendo el elemento principal sobre el que se articula todo el sistema, y habida cuenta la distancia física existente entre las partes del contrato, se diferencian los supuestos en los que este consentimiento se presta de modo instantáneo, y los supuestos en los que entre la oferta y la aceptación de la oferta existe un tiempo relevante en cuanto a la posibilidad de ocurrencia de riesgos que hay que distribuir. Determinar cuando y donde el consentimiento de las partes se ha formado, servirá para establecer el tribunal competente para conocer de las controversias que se deriven de la aplicación del contrato celebrado y la legislación que le resulte aplicable al mismo.

Lo que está condicionando la velocidad de desarrollo de las prácticas comerciales en la Red, es la desconfianza que existe principalmente respecto de la seguridad de la información, la veracidad y certeza de la información que se facilita respecto del producto o servicio objeto de transacción, y la desconfianza respecto de la capacidad o eficacia de resolución de las posibles incidencias que surjan en la transacción que se ha realizado. Estas reticencias están desapareciendo con el paso del tiempo, y los beneficios y las ventajas de la realización de las prácticas comerciales mediante Internet (reducción de costes, comodidad, privacidad,…) se están imponiendo.